Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de activistas y organizaciones de la sociedad civil para funcionar de manera efectiva y promover agendas de derechos humanos en entornos restrictivos. Se enfoca en cuatro países de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- donde las fuertes limitaciones que pesan sobre las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, constitutivas del espacio cívico, dificultan la labor de la sociedad civil y ponen en situación de riesgo a activistas y periodistas.

Estas restricciones del espacio cívico no son uniformes: apuntan contra grupos específicos que se movilizan en torno a causas que suelen considerarse políticas o amenazantes para intereses poderosos, entre las que se cuentan los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, los derechos laborales, los derechos de las personas LGBTQI+ y de las mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos. De ahí que las y los protagonistas de esta iniciativa sean organizaciones y activistas feministas, LGBTQI+, y específicamente trans, campesinos, trabajadores, estudiantes y periodistas.

Este proyecto fue desarrollado con el financiamiento y el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Costa Rica y el acompañamiento de algunas de sus alianzas estratégicas en la región.